Corrupcion La Muela

Ahora, en cuanto oigo hablar de territorio me pongo en alerta. Sepan ustedes que servidor siempre fue partidario de acercar la Administración a los administrados, pero nunca ignoré que eso significa aproximar también las decisiones institucionales a los intereses particulares de quienes controlan el poder local, lo que inevitablemente enrarece (por decirlo con finura) la situación. Verbi gratia: si un ayuntamiento se lanza a recalificar a lo bestia en contra de toda lógica urbanística, ¿cómo no ha de encontrar el apoyo de aquellos que tienen tierras felizmente afectadas por el toque mágico? Véase el caso de La Muela.

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Tuve un arrebato de sinceridad”. Con estas palabras definió ayer José Miguel Mosteo, uno de los imputados en el caso La Muela, el testimonio que prestó hace unos meses ante el juez de La Almunia y en el que reconoció haber elaborado facturas falsas por importe de varios cientos de miles de euros a nombre de empresas cuyos responsables están encartados por varios delitos como fraude fiscal, cohecho, tráfico de influencias y uso de información privilegiada.

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Los últimos informes remitidos por la Brigada de Blanqueo del Cuerpo Nacional de Policía al Juzgado número 1 de La Almunia dentro de las pesquisas del caso La Muela describen, entre otros aspectos, el elevadísimo nivel de vida de los integrantes de la familia Embarba-Pinilla. Los investigadores han documentado desembolsos en efectivo que suman millones en un grupo encabezado por el matrimonio –ya roto– formado por la alcaldesa, Mariví Pinilla, y Juan Antonio Embarba, que acumuló un vasto patrimonio inmobiliario y un amplio parque móvil a partir, oficialmente, de los ingresos que generaban la actividad agraria del primero y el sueldo de edila de la segunda.

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Antonio, el hijo menor de la alcaldesa de La Muela, Mariví Pinilla, ya tiene casa: un imponente chalet de una planta situado en la misma zona restringida por motivos de defensa nacional en la que se encuentran el que ocupa su padre, Juan Antonio Embarba, y el de su hermano mediano, Víctor.

Los tres edificios, como otros de propiedad de la familia, están situados, junto a la antigua carretera de Zaragoza, sobre la denominada franja de seguridad del oleoducto Rota-Zaragoza, de 300 metros de anchura y sobre la que está prohibido construir. Esta circunstancia hizo que el Ministerio de Defensa impusiera, a finales del 2008, sendas multas de 60.101 euros tanto al padre como al hermano de Antonio.

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“Para evitar tener que reflejar los ingresos de efectivo superiores a 3.000 euros, y que esta comunicación llegase por repórting sistemático a conocimiento de las autoridades monetarias, en concreto al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales, lo que se ha hecho en este caso desde la oficina de Cajalón de La Muela, es fraccionar los ingresos superiores a esa cuantía, en varios de 3.000, o menos, de forma que ninguna autoridad monetaria ni tributaria va a tener conocimiento de ellos, salvo que en una investigación determinada, como ha sido este caso, se pidan los extractos de movimientos de la cuenta en concreto”.

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